¿Y el Colegio de Profesores?

A continuación, la tercera de las cuatro columnas de Cristián Eyzaguirre sobre la educación:

El conflicto estudiantil ha hecho aparecer una serie de actores sobre la mesa: Estudiantes secundarios, universitarios, profesores, apoderados, trabajadores, políticos, gobierno y oposición. Éstos han tomado o el bando de los afectados, endeudados, etc. o, por otro lado, han sido puestos sobre el estrado y juzgados por su responsabilidad en haber instalado el sistema que impera hoy en día. Por haber sido negligentes en mejorarlo, reformarlo o llanamente cambiarlo.

Ante este escenario, llama especialmente la atención el caso del Colegio de Profesores (a propósito, dejo en claro desde el principio que al hablar del colegio de profesores no los estoy mezclando con todo el profesorado sino que me refiero estrictamente a esta institución y a sus dirigentes). Ésta institución se ha puesto del lado de los “indignados”. De los que supuestamente han sido afectados negativamente por lo que otros hicieron. De los que exigen reformas para cambiar el deteriorado estado de la educación. Deterioro del que, en principio, los indignados no habrían tenido culpa alguna. Se le ve al señor Gajardo en primera fila marchando junto a Camila y a Giorgio. Participando después de las ya semanales conferencias de prensa junto a los otros “afectados”. Opinando sobre como la clase política, y el gobierno, y el empresariado, y la Alianza, y la Concerta, y el PRI y el PRO, se han dedicado a destruir la educación. “¡Culpa de ellos!” dice, mientras muestra el ya clásico papelito con las estadísticas de cuantos manifestantes hubo por región.

¿Pero cuánto sentido tienen estas acusaciones? ¿Cuánto sentido tiene que, en este conflicto, en este juego de acusadores y acusados, de culpables y afectados, el Colegio de Profesores aparezca del lado de los indignados? ¿Es verdaderamente Gajardo y la institución a la que el representa uno de los actores afectados por el estado actual de la educación, o más bien habría que meterlos en las misma bolsa de los culpables?

En el año 2004 (y con más fuerza el 2005) surgió un debate en torno a la idea de hacer una evaluación docente. Ésta buscaría poder determinar el real nivel de conocimiento y habilidades pedagógicas de los profesores del país, pudiendo ser despedidos los que obtuvieran los peores resultados. Ésta no era una iniciativa única en el mundo. Básicamente todos los países que figuran dentro de los mejores puestos en los rankings de educación y pruebas internacionales tienen estos sistemas de evaluación constante. Estando el promedio de despidos anuales de profesores por malos resultados cercano al 3%. Y lo más impresionante, es que estas evaluaciones no han sido motivo de discusión, incluso son un motivo de orgullo ya que se entiende que la educación es demasiado importante como para no poder saber con certeza quienes son los que están haciendo clases.

Pero claro, en Chile ardió Troya. En una primera instancia el presidente del Colegio de Profesores en ese minuto, Jorge Pavez se opuso a la evaluación por no estar garantizada una indemnización a los profesores que resultaran despedidos. Ante esto, el ministro de educación de ese entonces, Sergio Bitar, garantizo que se haría una ley para asegurar la indemnización. Pero incluso después de eso, un sector del gremio de profesores liderado por Jaime Gajardo (Si el mismo que hoy en día aparece en la tele hablando de “luchar por una educación de calidad”) llamo a resistirse a cualquier tipo de evaluación. ¿Qué noción de “educación de calidad” tendrá exactamente Jaime Gajardo? ¿Que ejemplos comparados habrá estudiado como para oponerse tan obstinadamente a cualquier tipo de evaluación docente y apoyar la inamovilidad absoluta de los profesores? ¿O más bien habrá estado defendiendo intereses propios o gremiales? Usted juzgue, yo ya lo he hecho.

Otro conflicto fue el que nació en torno al artículo 46 de la LGE. El artículo que permitía que profesionales no docentes pudieran, a través de la aprobación de una prueba de medición de habilidades docentes, hacer clases en igualdad de condiciones a otros profesores. El Colegio de Profesores nuevamente se opuso argumentando que era necesario poseer habilidades pedagógicas, entender las diferentes fases del desarrollo del niño y del adolescente, conocer las nuevas teorías educativas, y dando una serie de razonamientos que iban más o menos en la misma línea. Llama la atención que nuevamente el argumento de buscar una “educación de calidad” se transforma en meras palabras. Ya que a la hora de oponerse a este artículo, el Colegio de Profesores parece no haber tomado como referencia ningún ejemplo de lo que muchos países hicieron para tener esta educación de calidad.

En India y China existía el problema de que la educación estaba distribuida por zonas de manera muy desigual. Habían regiones que tenían una serie de grandes centros educacionales y otras que simplemente no tenían la calidad educacional que el país necesitaba (un problema de desigualdad en la distribución de la educación muy parecido al que tenemos en Chile, más allá de que al lado de China e India nosotros seamos una versión micro de esos problemas). Para solucionar esto, se decidió apostar por la contratación de profesionales no docentes que demostraran, a través de una serie de pruebas, que tenían habilidades para enseñar. El programa fue calificado como un éxito, ayudo a cubrir rápidamente con profesores de mayor calidad una serie de regiones que antes de ésta medida no podrían haber apuntado a tener mejores resultados educacionales, y más encima, cuando estos países decidieron implementar la enseñanza del inglés desde la educación primaria, la contratación de profesionales no docentes fue la única que hizo posible la rápida aplicación de ésta medida, ya que simplemente no habían suficientes profesores que supieran inglés en ese momento. En Chile, ni siquiera se tomó nota de esto y la discusión se quedo en “la necesidad de tener habilidades pedagógicas” y de “conocer las nuevas teorías educativas”.

Un último ejemplo ilustrativo sucedió en noviembre del 2009, mientras se discutía la aprobación del presupuesto de educación en el Congreso. Gajardo, quien estaba presente y buscaba que no se aprobará el presupuesto, fue a encarar a Mario Waissbluth, fundador de “Educación 2020”, quien también había asistido a la sesión buscando la aprobación del presupuesto. El dialogo de “calidad” que buscó el presidente del gremio docente se resumió en una serie de gritos hacía Waissbluth con frases como “Usted se hizo famoso sacando un artículo en contra de los profesores de este país” y “Usted no conoce al profesorado, no sabe de educación y viene a hacer un show que no corresponde”. ¿Cómo se explica este ataque del dirigente, quien hoy en día dice marchar por una educación de calidad, contra el fundador de un movimiento ciudadano que busca exactamente eso mismo? Waissbluth en su libro “Se acabó el recreo” dice expresamente que “no culpa a los profesores del drama académico de Chile” y diferencia entre el profesorado y los gremios que se forman en torno a los docentes.

Tal vez, el ataque de Gajardo se explica mejor si tomamos en cuenta el “artículo en contra de los profesores” del que habla Gajardo, titulado “Estatuto Docente: Una Tragedia Peor que el Transantiago”. En éste, Waissbluth establece, como uno de los problemas centrales de la educación actual, el rígido y anticuado estatuto docente, y llama con urgencia a modificarlo. Es esto lo que gatilla el ataque, es esto lo que hace que Gajardo se sienta amenazado, y es esto al mismo tiempo lo que ilustra cuales han sido los fines de la institución, que preside este señor, durante los últimos veinte años.

Ésta ha abogado sistemáticamente, y los ejemplos analizados anteriormente dejan esto claro, por los intereses del propio gremio. Incluso si estos van en desmedro, o no ayudan, a avanzar hacia una educación de calidad. Intereses que a su vez tienen en el estatuto docente a su máximo defensor, el cual les ha asegurado, entre otras cosas, inamovilidad en la práctica, la posibilidad de negarse a ser evaluados, e incluso en su minuto, la inamovilidad de los directores de los establecimientos.

El estatuto docente se debe modernizar y poner al día con las necesidades educativas que exige el país y que exige el mundo a Chile como condición para posicionarse en un lugar aventajado en el siglo XXI. Apuntando más a asegurar una educación de primer nivel que un cúmulo de beneficios al gremio docente. La necesidad de modificarlo es imperante. Pero esto no se logrará hacer si el movimiento estudiantil deshecha una oportunidad histórica como la actual, para exigirle una rendición de cuentas a Gajardo y compañía.

Darle tribuna a Gajardo como un defensor de la educación pública legitima a la institución que él preside y a sus pasados actos, y más importante aún, deja uno de los temas centrales de la educación, el estatuto docente, sin tocar, y a uno de los culpables de la situación actual, el colegio de profesores, impune.

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Publicado en Tetralogía Eyzaguirre

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